Por: Nicole Fernández - Chair del Comité de Legislación e Impuestos - Associate / Icaza, González-Ruiz & Alemán
La modernización gubernamental es un proceso crucial en la evolución de las administraciones públicas. Desde la implementación de tecnologías digitales hasta la mejora de la eficiencia y la transparencia, resulta necesario que se modernice el Estado para satisfacer las demandas de la sociedad contemporánea.
Para alcanzar dicha modernización se debe considerar la implementación de sistemas digitales, la automatización de procesos, la capacitación del personal en nuevas habilidades y promoción y participación ciudadana. También, en muchos casos, este proceso implica revisar y actualizar la legislación doméstica para que la misma se alinee a las metas de modernización.
Un ejemplo de modernización del Estado en Panamá es aquella que está siendo implementada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas la cual, con pequeños cambios tecnológicos ha resuelto necesidades que contribuyen a agilizar y volver más eficientes algunos de los procesos que dicha entidad administra. En este orden de ideas, el cambio más relevante, tanto a nivel de legislación como de implementación técnica, fue la adopción de la facturación electrónica en Panamá. Si bien la idea surge en administraciones tributarias anteriores, explorar la posibilidad hasta ejecutarla ha sido realizado en este quinquenio.
La factura electrónica es un documento digital que reemplaza la tradicional factura en papel. Contiene la misma información detallada sobre una transacción comercial, pero se genera, envía y archiva de manera digital. Esta implementación busca agilizar los procesos contables, reducir costo de impresión y almacenamiento, mejorar la gestión en transacciones comerciales y, sobre todo, garantizar la recaudación fiscal.
Como se observa, la utilización de la factura electrónica no tiene solamente un impacto positivo en cuanto a la recaudación de impuestos; en su esencia, se identifican beneficios técnicos, comerciales, contables y ambientales. Lo anterior no se aleja de la realidad financiera de las empresas ya que resulta evidente la necesidad de una inversión en sistemas y programas para implementar la factura electrónica sin dejar, a su vez, de significar un ahorro considerable en papel y electricidad.
Una pequeña empresa de venta al detal puede emitir cerca de quinientas facturas al mes, es decir, gastar miles de rollos de papel térmico para emitir los documentos fiscales exigidos por la ley (facturas, notas de crédito, etc.); con la implementación de la factura electrónica, esa misma empresa puede facturar gratuitamente con un facturador autorizado por la Dirección General de Ingresos la misma cantidad de facturas, tenerlas en formato digital, mantener una base de datos robusta, levantar informes contables, declarar impuestos y ahorrar la inversión en papel térmico.
En conclusión, el Estado tiene muchas oportunidades de modernización, entre las cuales podemos mencionar trámites en línea, plataformas digitales para ciudadanos, e implementación de inteligencia artificial.